“Que el nuevo sistema de atención a víctimas sea el nuevo Transantiago” fue la dura idea que el presidente de la AFUNBiobio y vicepresidente de la FENADAJ, Marcelo Inostroza, logró imponer el 20 de enero ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja y que finalmente suspendió la idea de legislar a la espera de que el Ministerio de Justicia informe sobre cómo será financiado el nuevo sistema de atención.

El segundo efecto logrado, en conjunto con los dirigentes nacionales agrupados en la FENADAJ (representa a más de 2 mil trabajadores), fue que finalmente, y tras varios meses de insistencia, el ministro de justicia, Hernán Larraín, los convocara a una reunión para presentar las propuestas que la entidad considere “necesarias incorporar al proyecto de ley en tramitación para hacerse cargo de las diferencias por ustedes planteadas”.

El tercer efecto, y más importante para la directiva que encabeza Marcelo Inostroza junto a Andrea Moscoso, Marta Latorre, María Francisca Vilches y Paola Allison, es haber recibido el respaldo de las bases en su propósito en la última asamblea convocada vía remota.

Marcelo: ¿Cuáles son los fundamentos que ustedes entregarán en esta instancia a la que fueron invitados?

– Lo que resumimos en el hashtag que levantó una de nuestra dirigentas de la AFUN: #sinplataesletramuerta. El nuevo proyecto de ley de acceso a la justicia el único presupuesto extra que contempla son $ 890 millones de pesos anuales para financiar la planta directiva, la dirección nacional, con un director y seis directivos, pero nada más, con sueldos promedio de seis millones de pesos; casi todo el presupuesto se va ahí. Si se aprobaba este proyecto realmente se hubiera tratado de un Transantiago penal. Hubiera sido un despropósito. 

¿Cuál es a su juicio el principal pecado de este proyecto de ley?

-Que en pandemia y con un presupuesto muy mínimo se intentara crear este servicio prometiendo que la gente iba a acceder a defensa especializada si era víctima de un delito. Hay que considerar que nada más que en 2019 se ingresaron más de un millón de delitos. El presupuesto de las cuatro corporaciones de asistencia judicial que hoy atienden en año normal a más de 650 mil personas en el país es de $61 mil millones para todas, considerando la justicia civil, laboral y de familia… eso es lo que gasta en promedio en un año un hospital base en Chile, pero estamos hablamos de la defensa de todos los chilenos que no pueden acceder a pagar un buen abogado.

Usted representa a la CAJBiobio, que mantiene la mayor cobertura territorial de atención judicial de las CAJs. En ese contexto, ¿cuáles debieran ser los requerimientos prioritarios a abordar en este diálogo?

-Lo serio sería contar con estudios técnicos que permitan proyectar la estructura que el gobierno quiere levantar con su proyecto de ley, que dimensione el impacto con que esta nueva institucionalidad impactará la creciente demanda de justicia en Chile. Recordemos que los diputados le pidieron al ministerio explicar cómo se financiará esta nueva defensora de víctimas antes de votar la idea de legislar, es decir, lo congelaron a la espera de argumentos responsables que pensamos deben comenzar a considerar las fallas enumeradas por los distintos estamentos que expusieron ante la Comisión, entre los que se mencionaron además de la falta de presupuesto, que no se incluyan reformas legales relevantes, no enfrente los problemas de gestión existentes, no contemple dotación funcionaria ni incorpore acuerdos extraordinarios al judicial. No nos oponemos a un nuevo sistema. Sí a la improvisación y poca seriedad metodológica.