“Decepcionante” y “preocupante” . Así resume el presidente de la AFUNBIOBIO, Marcelo Inostroza, la participación que le correspondió junto a la secretaria general, Andrea Moscoso, en las siete reuniones virtuales en que el MINJU convocó a la FENADAJ para abordar mejoras al proyecto de nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ) patrocinado por el gobierno. 

La Mesa fue propiciada a instancias de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados que, el 20 de enero último, debía votar la idea de legislar esta iniciativa y que ante las evidentes deficiencias del cuerpo normativo relevadas por la casi totalidad de los invitados a esa instancias, postergó su discusión para el 1 de marzo de 2021, exhortando al Ejecutivo a afinar el texto en cuestión, incorporando la visión de los trabajadores.

-¿Cuál fue el objetivo propuesto? ¿Lograron avanzar en algunos de ellos?

-El objetivo de la Mesa y el imperativo del Parlamento fue que se mejorara el proyecto, sin embargo, con decepción, hemos comprobado que si bien hay disposición para conversar -una disposición absolutamente extemporánea porque este trabajo debiera haberse realizado con mucha antelación-, quedó en evidencia la ausencia completa de estudios que sirvan de base a las definiciones que debe entrañar la nueva institucionalidad que se  propone para las CAJs. 

-¿Incluyendo cifras sobre costos y coberturas?

-No hay cifras. No hay estudios de la demanda potencial que podrían generar las nuevas líneas de Derechos Humanos y de Defensoría de Víctimas, lo que abre un camino tremendamente incierto para la viabilidad del proyecto, el que además genera desde ya expectativas en la comunidad que serán imposibles de cumplir

–En ese contexto, ¿qué esperan del debate que debe darse en la Comisión de Constitución el 1 de marzo?

-Esperamos que impere la cordura. La Comisión fue clara en señalar que el proyecto tal como estaba el 20 de enero debía mejorarse. Así las cosas, lo cierto es que esas mejoras no se han incorporado. La Mesa de Trabajo en la que participamos no tuvo avances concretos. Es más, hoy nuestras aprehensiones son mayores. El proyecto no sólo carece de financiamiento, sino que ni siquiera existen elementos que permitan dimensionar su envergadura. Por lo demás, en las condiciones actuales, aunque se contara con esas cifras, es imposible, con una economía contraída y en medio de una pandemia, pensar siquiera en allegar recursos que den viabilidad al proyecto. También hay deficiencias técnicas que deben resolverse. De aprobarse la idea de legislar, estaremos, como ya dijimos, en su minuto siendo testigos de un nuevo Transantiago, ahora enquistado en un sector vital para la paz social, el acceso a la justicia de los más vulnerables de este país. La nueva institucionalidad no solo no se hace cargo de las ya conocidas precariedades de las corporaciones de asistencia judicial, sino que además crea una Defensoría de Víctimas que sin contar con recursos ni estudios, solo agravará la sensación de desamparo de quienes hoy claman por un trato digno y comprometido del Estado. El proyecto debe mejorarse y esa responsabilidad es del Ministerio de Justicia. Los parlamentarios fueron claros. Esperamos que el 1 de marzo su posición sea tanto o más elocuente que la asumida el 20 de enero de 2021.